Incoherencia en políticas de educación

4 / 01 / 2016 | autor: La Tercera

La gratuidad pretende beneficiar a estudiantes de menores recursos, pese a que muy pocos pueden acceder a la universidad.

LA APRESURADA fórmula a la que recurrió el Gobierno para implementar su política de gratuidad universitaria en 2016, dejó en evidencia la escasa planificación y un no menor grado de incoherencia de las políticas públicas oficialistas en materia de educación superior.

Basta recordar que el programa de gobierno planteó la gratuidad universal como un mecanismo clave para “disminuir la desigualdad”, siempre en el entendido de que la educación debe ser considerada como “un derecho social”. Por lo mismo, para el año que se inicia se buscó beneficiar a los alumnos de menores ingresos, pero en la medida que cumplieran con los requisitos académicos para ingresar a la universidad.

La primera incoherencia de esta medida salta a la vista. Más del 70% de los alumnos de los colegios municipales obtuvo menos de 500 puntos en la PSU, por lo que sus opciones para ingresar al sistema universitario son reducidas. Podrían optar, como indica la tendencia en los últimos años, a la educación técnica, pero el Gobierno decidió dejar fuera de la gratuidad a este segmento.

La explicación más simple es que los recursos son insuficientes, pero eso no es novedad cuando se trata de establecer las prioridades en materia de políticas públicas. El problema, más bien, dice relación con una concepción errada de la educación que termina estableciendo incentivos donde no corresponden, a lo que -con seguridad- se suman las presiones de las directivas de universidades estatales en busca de recursos adicionales para sus planteles.

Según el informe 2013 del Servicio de Información de Educación Superior, “los institutos profesionales son los que más han aumentado su matrícula”, advirtiendo además que “se confirma la tendencia hacia una mayor matrícula técnica y el aumento de estudiantes que ingresan a centros de formación técnica e institutos profesionales”.

A la luz de los análisis de diversos expertos y de los propios requerimientos profesionales del país, se trata de una tendencia positiva y en línea con las necesidades del mercado laboral, aunque excluida de las prioridades de la agenda educacional del Gobierno, salvo por el innecesario proyecto para sumar centros de formación técnica fiscales a una ya suficiente oferta de entidades privadas.

Tampoco parece coherente con estos criterios de derecho social e igualdad de oportunidades que pregonan las autoridades la existencia de una única prueba de selección para todos los estudiantes, incluyendo a aquellos que provienen de liceos técnicos e industriales -financiados con recursos públicos- pese a que se estima que dominan menos del 55% de los contenidos incluidos en las pruebas de lenguaje, matemáticas, ciencias e historia. Ya en 2013 el informe Pearson advirtió que “las preguntas no están alineadas con el currículum de enseñanza media y están centradas en la enseñanza humanista científico, por sobre la modalidad técnico profesional”. 

Plantear la gratuidad universal para todo tipo de instituciones académicas resulta una fórmula tentadora y populista de enfrentar el problema. En lo inmediato, colaboraría al debate de una mejor política educacional de largo plazo el reconocimiento por parte de las autoridades de que han introducido claros desincentivos a la educación técnica, limitando las oportunidades de miles de estudiantes y fortaleciendo el errado criterio de que solo la educación universitaria constituye una vía para el progreso individual.

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