La mano de Valdés en el debate por la gratuidad

20 / 12 / 2015 | autor: La Tercera

El titular de Hacienda -en desmedro de su par de Educación- marcó protagonismo en la fórmula diseñada para asegurar el cumplimiento de la promesa presidencial de adelantar la gratuidad en educación superior para marzo de 2016. Una irrupción que -en todo caso- generó críticas y que aún no logra el respaldo unánime de la Nueva Mayoría.

Esta semana, el abogado Rodrigo González se instaló por segunda vez en su trayectoria laboral en una de las oficinas del Ministerio de Educación. Militante socialista, ex funcionario de la Segpres y ex director de la Conadi, fue jefe de la división jurídica del Mineduc durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Tras la derrota de la Concertación, González pasó a asesorar al consorcio de las universidades públicas hasta el retorno de la Mandataria a La Moneda.

El arribo del abogado al Mineduc -que además representó a Hacienda en el consejo asesor de la reforma a la educación superior y ha sido un asesor directo del ministro Rodrigo Valdés- es una prueba más de la influencia que tiene el jefe de las finanzas en las decisiones que buscan concretar la promesa presidencial de gratuidad en la educación superior y superar el traspié que significó que el Tribunal Constitucional rechazara el plan original de La Moneda para adelantar el beneficio.

Una injerencia que -aseguran en el oficialismo- ha incomodado a la titular de Educación, Adriana Delpiano, cuya cartera es, al menos en las formas, la encargada de llevar adelante la segunda reforma estructural prometida por la Presidenta para su segundo mandato.

González llegó -además- justo en el tiempo de las definiciones, con varios flancos abiertos a la vez. En el Mineduc se trabaja a contrarreloj para ingresar antes del 31 de diciembre la ley de educación superior, la que -entre otras cosas- establecerá la gratuidad en la educación superior, y el ex asesor de Valdés desempeñará un rol clave para asegurar el respaldo oficialista a la emblemática iniciativa.

Delpiano había sufrido ya un discreto desplazamiento de la primera línea del plan activado por el gobierno apenas se supo la resolución del TC respecto de la gratuidad, el pasado jueves 10.

Ese día, La Moneda sostuvo una reunión de emergencia, en la cual se decidió que el protagonismo en las conversaciones para destrabar el impasse quedaría en manos del comité político, pero particularmente de Valdés.

En noviembre pasado, el dueño de la billetera fiscal sorteó con éxito dos negociaciones complejas: el Presupuesto para el 2016 y el reajuste del sector público. Fue su primera prueba de fuego.

Exigencia presidencial

En el comité político del lunes 14, la idea de lograr a través de una vía administrativa que se cumpliera el inicio de la gratuidad en marzo de 2016 tomó cierta fuerza en sectores de la Nueva Mayoría, particularmente la DC. Una fórmula arriba de la mesa era entregar fondos basales a los establecimientos que forman parte del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) y promover el aumento de la beca Nuevo Milenio para alumnos de Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT).

Quienes promovían esta fórmula sostenían que permitía despejar rápidamente la agenda legislativa para el ingreso de la reforma a la educación superior.

La alternativa -sin embargo- no contaba con la venia de Valdés, quien rápidamente desechó esa posibilidad.

De acuerdo a los cálculos de Hacienda, optar por la vía administrativa provocaría un inmediato quiebre con los parlamentarios de la oposición, los mismos que lograron impugnar ante el TC el plan original del gobierno. A los oídos de Valdés no escapó que en las filas opositoras ya habían comenzado a tomar fuerza las voces que amenazan con una eventual acusación constitucional -la que incluso podía presentarse en su contra- de concretarse la alternativa del aporte basal.

Pocos sabían que una de las principales cortapisas que ha debido enfrentar el ministro en la búsqueda de un plan alternativo ha sido la propia Presidenta Bachelet. Fuentes de la Nueva Mayoría sostienen que la Mandataria habría expresado que la vía administrativa no era de su agrado. “Me voy a encargar personalmente de identificar las mejores alternativas para que, dentro de las posibilidades legales, por un lado, y presupuestales, por el otro, la mayor cantidad de estudiantes previstos para acceder a la gratuidad pueda hacerlo”, dijo Bachelet el 10 de diciembre, conocido el fallo del TC.

La Mandataria no sólo ha insistido en que su gobierno cumplirá con la promesa del arranque de la gratuidad para el 2016; también apuró el ingreso de la reforma a la educación superior, que en un primer momento estaba contemplada para marzo o abril de 2016. Desde el Mineduc, en todo caso, aseguran que el texto estará listo antes del 31 de diciembre.

Ya la tarde del lunes 14, Valdés comenzó a notificar a los principales dirigentes de la Nueva Mayoría que la fórmula escogida sería una ley corta que -entre los requisitos- aseguraría el beneficio a las universidades con cuatro años de acreditación.

Una propuesta que, de paso, permitiría acceder al beneficio a varios planteles privados, como las universidades De los Andes, Adolfo Ibáñez y Del Desarrollo, sumándose a las que ya habían confirmado su participación, como la Diego Portales, Alberto Hurtado y Católica Silva Henríquez.

El problema era que la fórmula dejaba fuera de la gratuidad a tres universidades del Estado: la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad Nacional Arturo Prat y la Universidad de Los Lagos.

El plan contrariaba las señales dadas desde el Mineduc a los rectores de las universidades estatales que aseguraban que, cualquiera fuera la resolución del Tribunal Constitucional, todos sus planteles, sin excepción, serían beneficiados con la gratuidad.

La ofensiva en las filas oficialistas fue encabezada el martes 15 y miércoles 16 por el equipo político, liderado por Valdés y el titular de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, quienes se trasladaron al Congreso para convencer a la Nueva Mayoría de las bondades de la iniciativa.

Delpiano -coinciden varios parlamentarios del conglomerado de gobierno- tuvo al inicio de las conversaciones un rol más discreto.

Los esfuerzos -en todo caso- fueron inútiles. Todos los partidos presentaron reparos, en especial los se ubican en el ala progresista de la Nueva Mayoría. Varios de ellos, incluso, no disimularon su evidente molestia por los pasillos del Congreso.

Desde el PPD y el PC pidieron tempranamente a Valdés que la propuesta, tal como está, “no prospere”. Para ellos, el proyecto se aleja de los principios fundamentales que promueve el programa de gobierno, debido a que homologa a instituciones públicas con privadas.

Para la DC, el texto cumple con uno de los requisitos que pedían: que el beneficio se amplíe a otros establecimientos de educación superior, como CFT e IP. De todos modos, aprovecharon el tiempo junto al comité político para cuestionar lo que, a su juicio, es una “permanente improvisación” en la estrategia del gobierno. El entusiasmo inicial en el Ejecutivo fue abriendo paso a la decepción.

En la Nueva Mayoría la molestia se acrecentó tras enterarse de que Valdés había dado luz verde a negociaciones con la oposición para asegurar la aprobación de la iniciativa. La eventualidad de un quiebre en el oficialismo obligó al titular de Hacienda a suspender las conversaciones que ya había iniciado con la oposición. Sólo alcanzó a tener dos reuniones con sus negociadores, la última de ellas el miércoles en la mañana, en el Senado.

Para el economista, el escenario indicó una mayor prudencia, en especial porque en paralelo a los proyectos en educación, el Ejecutivo está empeñado en conseguir un entendimiento que evite otro choque frontal al interior del oficialismo, esta vez por las modificaciones a la reforma laboral. La división en ese tema es cada vez más evidente.

Junto al desorden parlamentario, Valdés ha debido sortear los requerimientos de la propia Presidenta, quien ha tomado un rol protagónico para asegurar el cumplimiento de su promesa.

A fines de la semana, la Mandataria pidió a sus ministros que se asegurara el ingreso a la gratuidad de todas las universidad estatales, obligando a una nueva modificación al plan que aún no está definida. Todo, en línea con la exigencia del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi: todos o ninguno.

Una de las alternativas que se barajan es que se asegure a las tres universidades estatales que quedan fuera del beneficio aportes basales para concretar la gratuidad a sus alumnos.

El panorama fue mejorando de a poco. La tarde del viernes 18, el consejo superior de la Universidad Católica -una de las más críticas a las políticas del gobierno en la materia- decidió sumarse a la gratuidad.

La hora de Delpíano

En el Mineduc asumen la falta de protagonismo de su titular para enfrentar el escenario precipitado por el TC.

Sin embargo, señalan que la titular de Educación pretende hacer valer su impronta en el futuro proyecto de ley de educación superior.

Uno de los temas de los que se habla en reserva es la distancia que se ha instalado entre Delpiano y su antecesor, Nicolás Eyzaguirre, hoy en la Segpres, que dificulta los planes de la ministra.

Un ejemplo de la falta de reciprocidad fue la cita que el martes 1 reunió al comité político con los presidentes de los partidos del oficialismo en las dependencias del Mineduc. Algo inédito. Sin embargo, en el encuentro no estuvo Delpiano, sino su subsecretaria, Valentina Quiroga, pues en La Moneda no advirtieron que la fecha de la cita coincidía con un viaje de la secretaria de Estado. La cita habría sido solicitada por el comité político,

Pese a todo, Delpiano ya está tomando resguardos para que la futura normativa tenga su sello. En ese contexto se enmarca el ingreso del ex director ejecutivo de Educación 2020 Matías Reeves como uno de los asesores principales para el área de educación pública. También se sumó el ex presidente de la Feuc Claudio Castro, y creció el grupo que trabaja junto a Quiroga en el tema de la educación primaria

Además, y para evitar un choque similar a lo ocurrido con la gratuidad, el área de educación superior, liderada por Francisco Martínez, se reunió en las últimas semanas con las comisiones ad hoc de los partidos de la Nueva Mayoría para comenzar con el trabajo prelegislativo.

La reforma incluirá la regulación de aranceles; la Subsecretaría de Educación Superior y el sistema de financiamiento, entre otros, pero no profundiza en la participación estudiantil , un tema sensible para la Confech, que marchará este martes en contra de la fórmula de gratuidad del gobierno, y que ya augura una mayor intensidad en las movilizaciones para el 2016.

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